El Partido Popular y VOX llevan días arremetiendo contra la llamada ley de nietos. VOX, de hecho, la ha rebautizado con sorna como ley de tataranietos, pide además su anulación y, entretanto, su suspensión cautelar. El PP, más comedido, habla de ingeniería electoral para fabricar votantes e hinchar el censo. Ambos coinciden en la idea de fondo, que el Gobierno está tratando de atornillarse al poder mediante algo parecido a un golpe de Estado legal rehaciendo el censo a golpe de nacionalizaciones exprés y arbitrarias. La sospecha está justificada por los números que se manejan. Unos 2,6 millones de personas han iniciado los trámites para obtener la nacionalidad española, y a 30 de abril más de medio millón ya la tenían. La Ley de Memoria Democrática se vendió como reparación a los represaliados del franquismo, pero una enmienda que ampliaba el acceso a la nacionalidad fue rechazada dos veces en el Congreso. Ese no parlamentario se convirtió en un sí administrativo cuando la Dirección General de Seguridad Jurídica, dirigida por Sofía Puente, firmó una instrucción que presumía la condición de exiliado a todo español que abandonase el país entre 1936 y 1955, aunque lo hiciera por motivos puramente económicos. Los propios protagonistas lo han admitido sin disimulo. El senador socialista César Mogo ha llegado a escribir que a esos descendientes no solo los quieren, también los necesitan. El censo CERA lo confirma con 2.708.083 inscritos a 1 de mayo de este año, un 16,1% más que en 2023. Galicia encabeza la lista, algo previsible, pero sorprende Madrid, que ha crecido un 28% pese a ser tierra de inmigrantes más que de emigrantes. La explicación es que cuando un nuevo español no acredita provincia, se le adscribe por defecto a la capital. El sistema tiene una serie de grietas. El voto CERA no exige identificación presencial a diferencia del voto postal en el interior cuyos requisitos se endurecieron tras el fraude de Melilla hace tres años. Además, una casilla de otros motivos permite a cualquiera elegir circunscripción, de modo que un vecino de Cochabamba puede decidir escaños en Cádiz o Guipúzcoa sin haber pisado España jamás, ni tener más vinculación con el país que un ascendiente lejano. En otras partes de Europa existen leyes similares, pero su planteamiento y aplicación es muy distinto. Italia frenó en seco una avalancha parecida, Irlanda, Francia, Alemania y Austria atan estos derechos a vínculos reales o a agravios documentados y circunscritos a unos motivos muy concretos. En Portugal aprendieron por las malas con su ley sefardí con la que se terminó naturalizando el oligarca ruso Roman Abramovich. Aquello terminó con la derogación de la ley. Pues bien, donde otros vieron problemas, Sánchez ha encontrado una oportunidad. El colapso en los consulados es monumental, hay casi un millón de expedientes solo en Argentina. Para descongestionarlo, Justicia y Exteriores han externalizado el trabajo, incluso mediante una empresa pública del régimen cubano, lo que resulta tragicómico tratándose de la concesión de pasaportes, algo que en Cuba no es precisamente fácil de conseguir. Desconocemos cuál será el impacto electoral. Dependerá obviamente de la participación de los nuevos votantes. Con una participación similar a la de 2023, es decir, en torno al 10%, hablaríamos de un 0,4% del electorado. Pero una participación mayor movería escaños en algunas provincias como ya ocurrió en Madrid en las últimas elecciones. El verdadero daño no está tanto en los votos que suma, sino en la sospecha que siembra sobre las reglas del juego justo en el momento en el que las encuestas anticipan una derrota catastrófica para Sánchez. En La ContraRéplica: 0:00 Introducción 4:12 Ley de nietos: fábrica de votantes 37:25 La sociedad venezolana ante el terremoto 45:47 ¿Cómo combatir a los drones? 52:06 Las presunciones de Hacienda #FernandoDiazVillanueva #leydenietos #elecciones Escucha el episodio completo en la app de iVoox, o descubre todo el catálogo de iVoox Originals
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Jun 30 202659 mins